Según el III Estudio Nacional de la Discapacidad de 2022, el 17,6% de los adultos en Chile vive con alguna discapacidad, una proporción que seguirá creciendo con el envejecimiento acelerado de la población. El marco legal es claro: la Ley 20.422 establece la accesibilidad universal como principio, el Decreto Supremo 50 del MINVU incorporó a la OGUC exigencias específicas para edificios de uso público, incluidos los existentes, y la Ley 21.015 obliga a las empresas con 100 o más trabajadores a que al menos el 1% de su dotación sean personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. En la práctica, muchas empresas terminan cumpliendo con donaciones o contratos con proveedores porque sus propias oficinas y plantas no permiten incorporar a esas personas. Y en un país sísmico, los planes de evacuación rara vez contemplan a quien usa silla de ruedas o no escucha la alarma. La certificación AIS, de la Fundación ARS, evalúa en sitio si un edificio realmente funciona para todos, desde el estacionamiento hasta la zona de seguridad, y lo acredita con 1 a 5 estrellas visibles en un registro público.
Diagnóstico en sitio: medimos estacionamientos, rutas accesibles, rampas, ascensores, baños, mesones, señalética y vías de evacuación frente a los criterios AIS y a las exigencias de accesibilidad universal de la OGUC.
Plan de mejoras con presupuesto: priorizamos cada brecha por impacto y costo, y distinguimos lo que se resuelve con gestión, mobiliario o señalética de lo que requiere obra o permiso de edificación.
Implementación y capacitación: acompañamos las adecuaciones y preparamos a recepción, guardias y comités paritarios para asistir y evacuar a personas con discapacidad, incluidas las que pueden llegar por la Ley 21.015.
Certificación y registro: presentamos el expediente a la Fundación ARS, que emite el certificado con su nivel de estrellas y lo publica en el Registro Público de AIS.
El costo de AIS depende del tipo de activo (espacio físico, web o producto), de su superficie y de su complejidad, e incluye el diagnóstico y acompañamiento del asesor autorizado y los derechos de certificación de la Fundación ARS. La inversión en adecuaciones es la más variable: en oficinas, retail y edificios de servicios existentes, muchas brechas se cierran con señalética, mesones a doble altura, barras de apoyo, alarmas visuales y ajustes en baños, y solo algunas requieren obra. Para un edificio en operación con adecuaciones menores, el proceso suele tomar entre 3 y 6 meses desde el diagnóstico hasta la emisión del certificado.
La OGUC fija los mínimos para aprobar el permiso y la recepción de obra. AIS parte de esa base y evalúa cómo funciona el edificio en el día a día: si las rutas accesibles están despejadas, si la señalética se entiende, si el personal sabe asistir y si la evacuación contempla a todos. Además gradúa el resultado en estrellas, lo que permite mostrar mejora continua.
La ley exige un 1% de contratación en empresas de 100 trabajadores o más, y muchas terminan usando medidas alternativas porque no logran retener a las personas contratadas. AIS identifica los ajustes en puestos, baños, casinos y rutas para que la inclusión sea viable en tu propio espacio, que es lo que finalmente sostiene la contratación directa.
Sí. Se puede certificar el edificio completo o las áreas que controla la administración, como accesos, estacionamientos, ascensores y espacios comunes. Los arrendatarios pueden luego certificar sus propias plantas, aprovechando el diagnóstico del edificio base.
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